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Jueves, 01 de Enero de 1970
NOTICIAS MUTUALIDAD

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NOTICIAS MUTUALIDAD
Los mutualistas recibirán una rentabilidad en el Plan Universal del 5,30% por el ejercicio 2013

En el ejercicio 2013, la Mutualidad ha...

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NOTICIAS MUTUALIDAD

Los mutualistas recibirán una rentabilidad en el Plan Universal del 5,30% por el ejercicio 2013

En el ejercicio 2013, la Mutualidad ha conseguido un rendimiento neto de inversiones del 5,89%, que se traduce en un 5,30% de rentabilidad para el Plan Universal. Ello significa que, una vez aprobadas las cuentas anuales, los mutualistas recibirán un 0,8% de renta complementaria y añadida al 4,50%, ya adelantada trimestralmente.
Los rendimientos obtenidos se comparan muy favorablemente frente a la inflación del periodo (0,3%), lo que supone una rentabilidad real de las inversiones para los mutualistas del 5%, la más alta desde la constitución del Plan Universal.



Distribución de la cartera de activos de la Mutualidad.
A cierre de diciembre, la cartera de la Mutualidad se desglosa en un 82,35% de inversiones en renta fija, un 5,17% en renta variable (acciones y fondos de inversión), un 11,32% en inversiones inmobiliarias gestionadas de manera directa y un 1,16% en depósitos y tesorería. Como se puede apreciar, se trata de una distribución con un perfil muy conservador y un claro sesgo hacia los rendimientos recurrentes con alto grado de seguridad. Distribución de la cartera de activos de la Mutualidad.
A cierre de diciembre, la cartera de la Mutualidad se desglosa en un 82,35% de inversiones en renta fija, un 5,17% en renta variable (acciones y fondos de inversión), un 11,32% en inversiones inmobiliarias gestionadas de manera directa y un 1,16% en depósitos y tesorería. Como se puede apreciar, se trata de una distribución con un perfil muy conservador y un claro sesgo hacia los rendimientos recurrentes con alto grado de seguridad.
Expectativas de rentabilidad para el 2014

La composición de la cartera de inversiones de la Mutualidad permite a la Mutualidad seguir abonando el 4,50% como rentabilidad a cuenta en el Plan Universal para el primer trimestre de 2014. El objetivo para este ejercicio, pues, es conseguir situar la rentabilidad a final de año en torno al objetivo marcado del 5%.

Jueves, 01 de Enero de 1970
El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita

Por:
El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita
22/02/14
Comunicación/ICAME

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes 21 de Febrero su proye...

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El Gobierno destaca el amplio contenido social del proyecto de Ley de Justicia gratuita

22/02/14
Comunicación/ICAME

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha presentado este viernes 21 de Febrero su proyecto de ley de Justicia Gratuita, en el que amplía este derecho a las asociaciones de víctimas de terrorismo, de consumidores y usuarios y de discapacitados cuando actúen en defensa de sus intereses.
En la rueda de prensa, posterior al Consejo de Ministros, Gallardón ha destacado el "amplio contenido social" y la "fuerza" del texto, que constituye la "otra cara de la moneda de la ley de tasas" al establecer una "vinculación" entre los ingresos generados por este gravamen con la financiación de la Justicia Gratuita.
Entre las novedades más significativas, el proyecto reconoce el derecho a tener justicia gratuita, con independencia de sus recursos económicos, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo o de trata de seres humanos, así como a los menores o discapacitados psíquicos que sufran maltrato o abuso o a quienes reclamen indemnizaciones por las secuelas de carácter permanente sufridas en un accidente.
El Gobierno aprobó hace un año un real decreto por el que modificaba la polémica ley de tasas y anticipaba la entrada en vigor de puntos esenciales del anteproyecto de Justicia Gratuita para que los nuevos beneficiarios pudieran acogerse desde ese mismo momento.
Con independencia de sus recursos para litigar, el proyecto incluye como beneficiarios a las asociaciones anteriormente mencionadas, junto a la Cruz Roja, a sindicatos y a representantes de los trabajadores y a las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo cuando actúen en defensa de sus intereses.
El proyecto mantiene la justicia gratuita para trabajadores, funcionarios, personal estatutario y beneficiarios de la Seguridad Social en primera instancia e incorpora la posibilidad de que sean representados en procesos laborales por graduados sociales. Cuando recurran tendrán una bonificación del 60 por ciento de la tasa.

De igual modo, el proyecto eleva el umbral para que puedan acogerse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones. A partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950), mientras que antes para poder acceder tenían que tenerlos de menos de tres veces (19.170).
El umbral para contar con justicia gratuita pasa de 14.910,28 euros al año hasta los 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39). Cuando el solicitante no forme parte de una unidad familiar el umbral se sitúa en dos veces el IPREM.
Ante determinadas circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, el límite asciende de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).
Además, se permite la posibilidad de que los beneficiarios elijan qué prestaciones desean obtener. Entre ellas, se encuentra la exención de las tasas, abogado, procurador, asistencia pericial, información sobre mediación, inserción gratuita de anuncios o edictos, obtención gratuita de copias, y reducción del 80% de los derechos arancelarios.
Por primera vez, la ley recoge expresamente a los imputados y a los reclamados por euroórdenes, ya que hasta ahora la norma sólo mencionaba a los presos y detenidos como posibles beneficiarios de la justicia gratuita si sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos.

Además, introduce controles para que no haya abusos ni fraudes en el ejercicio de una prestación que "pagamos todos los españoles". Así, se establece una "presunción de abuso" cuando la persona solicite "tres veces al año" este derecho en todos los órdenes, salvo en el penal. En ese caso, podrá pedirlo pero acreditando esa necesidad.
Si en el plazo de cuatro años el beneficiario mejora su fortuna y sus ingresos constituyen el doble del umbral por el que en su día accedió a la justicia gratuita, la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.
En este sentido, la norma incrementa las facultades de averiguación patrimonial por parte de los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. El juzgado podrá apreciar la existencia de abuso de derecho por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y la revocará y podrá condenarle en costas.
Por otra parte, la Administración se compromete a abonar los servicios prestados en los cinco primeros días al abogado de oficio cuando a una persona no le es reconocido finalmente este derecho en el orden penal.
Los trámites para la obtención de la justicia gratuita se agilizan con la obligatoriedad de que los colegios y las administraciones utilicen el expediente electrónico en sus comunicaciones, mientras se contempla la creación de un comité de consultas en el Ministerio de Justicia para prestar un servicio homogéneo en todas las comunidades.

Jueves, 01 de Enero de 1970
La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado

Por:
La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado
24/02/14
Comunicación/ICAME

Ante el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional ...

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La Abogacía pide la convocatoria urgente del examen de acceso a la profesión de abogado

24/02/14
Comunicación/ICAME

Ante el retraso en la convocatoria del examen de acceso para la obtención del título profesional de abogado y el grave perjuicio que se está causando a los graduados en Derecho que ya han realizado el máster de acceso, el Consejo General de la Abogacía Española reclama la convocatoria urgente de la evaluación final para que éstos puedan obtener la aptitud profesional que acredita las competencias necesarias para el ejercicio de la Abogacía.
La evaluación de aptitud profesional –única e idéntica en todo el territorio nacional- debe ser convocada por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual, publicándose en el BOE con una antelación de tres meses a su celebración. El retraso en publicar la convocatoria está frustrando las expectativas de cientos de graduados en Derecho que han superado el máster de acceso y que están pendientes de realizar la evaluación final para poder ejercer la Abogacía
El Consejo General de la Abogacía Española, que siempre ha trabajado en colaboración con los Ministerio de Justicia y Educación, llevando a cabo todas aquellas labores de apoyo y desarrollo de la realización de la prueba de acceso, dentro del ámbito de la colaboración institucional, estima que la celebración de este examen es una garantía para los ciudadanos de que los abogados que les defiendan están adecuadamente preparados para ello y que, por tanto, el examen es irrenunciable.
La Abogacía siempre ha defendido que el enfoque de la prueba de acceso sea eminentemente práctico y responda a las situaciones reales a las que van a enfrentarse los futuros abogados. Las evaluaciones deben ir dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado.


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