Numerosos abogados se han concentrado hoy miércoles ante la sede de los Juzgados de Melilla para protestar por el deterioro del sistema público de Justicia, paralizado desde hace meses por las huelgas, y reclamar “un acuerdo que reactive de forma inmediata el servicio público” y medidas urgentes para resolver los inadmisibles retrasos ya acumulados.
Bajo el lema La Justicia es una cuestión de Estado, han sido miles de profesionales los que en todo en el país han secundado el llamamiento hecho por los 83 Colegios de Abogados para visibilizar el malestar de la profesión por la situación que atraviesa la administración de Justicia, que se ha agravado tras varios meses de huelga, primero de los Letrados de la Administración de Justicia, y ahora de los funcionarios judiciales, paralizando prácticamente los juzgados y tribunales y causando la suspensión de miles de vistas y procedimientos.
Al final de la concentración el Decano D. Blas Jesús Imbroda Ortiz procedió a la lectura del Manifiesto en el que se lamentó que “se sigan suspendiendo continuamente numerosas vistas, en la mayoría de los casos sin previo aviso, dejando cientos de notificaciones sin tramitar, cuentas de consignaciones y depósitos judiciales paralizadas y señalamientos fijados para fechas tan irrazonables como el año 2027”. Igualmente se señaló en el Manifiesto que “la parálisis del servicio público afecta gravemente a la vida de miles de personas, así como de los profesionales que defienden sus derechos ante juzgados y tribunales, y que tampoco pueden trabajar”.
Pero la protesta no está solo dirigida contra la situación coyuntural que viven juzgados y tribunales, sino que va mucho más allá para reclamar una reforma decidida y en profundidad de este servicio público esencial. “Nuestro Estado social y democrático de Derecho requiere de una Justicia pronta y de calidad. Sin Justicia no hay democracia ni libertad. La inmediata solución de la parálisis del servicio público es una cuestión de Estado”, afirma el Manifiesto en el que se exige a los partidos políticos que alcancen un Pacto por la Justicia tras las elecciones del 23 de julio.
La movilización se decidió en la sesión plenaria del Consejo General de la Abogacía el pasado 16 de junio, en la que se acordó el inicio de una serie de acciones para que se alcance un acuerdo que permita recuperar la normalidad y afrontar cambios radicales para modernizar su funcionamiento.